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10 de diciembre de 2016 | Grupo Ciudadano Priego, Agua y Desarrollo

La haba de los derechos humanos

La rica tradición oral en nuestro país no ha dejado los llamados “cuentos de nunca acabar”. En Andalucía es popular entre otros, el “cuento de la haba que nunca se acaba”.  En general, son relatos aparentemente prometedores que acaban siendo repetitivos, interminables, que no cuentan nada y se agotan en sí mismos.

En Priego disponemos de muchas cuestiones que las diferentes administraciones han convertido en “cuentos de la haba”: la A-333, el Chare, inversiones públicas varias en diferentes infraestructuras, el Conservatorio…. A nivel municipal podemos citar los modelos de gestión de los servicios públicos, los desequilibrios de los gastos municipales,…

Todos ellos son inherentes a necesidades y derechos de la ciudadanía; convergencia y cohesión territorial, sanidad universal y accesible, servicios públicos eficaces y eficientes, transparencia en la gestión, desarrollo sostenible, igualdad de oportunidad….  Pero hoy, Día Mundial de la Defensa de los Derechos Humanos, cabe destacar el Acceso al Agua, reconocido como tal por la ONU, y cuya especial particularidad es que su cumplimiento está en nuestras manos, es decir, es una competencia municipal que no depende de la voluntad de Instituciones superiores. Es por ello que el incumplimiento de este Derecho Humano ha de llenarnos de vergüenza especialmente, ya que depende solo y exclusivamente de nosotros, es nuestra responsabilidad directa local.

No es desconocida la situación real del servicio de aguas en nuestra localidad. Aspectos diversos se han ido poniendo de relieve a lo largo del tiempo sobre esta más que triste historia. Algunas de sus características más importantes merecen la pena recordar:

-          Las previsiones del socio privado fueron demasiado optimistas y fuera de toda mesura y prudencia al suponer que aumentarían los abonados y por tanto los ingresos tarifarios en un 1% anual.

-          Los niveles de impago no han decrecido al ritmo previsto, lo que indica que, aun bajo la presión del corte del suministro, muchas familias no pueden hacer frente al abono del servicio (más de 1000 avisos de corte al año).

-          Aun no se ha dotado de un protocolo de actuación en consonancia con Asuntos Sociales para evitar cortes de suministro en caso de personas en riesgo de exclusión social.

-          Se privatizó la gestión del servicio (se regaló) a cambio de un préstamo de 4 millones de € (que después fueron 4.16 millones de € para hacer frente a los gastos de ITP-AJD), que nuestro ayuntamiento usó para gasto corriente (incluido una subida del Cap. 1 en 2010 de más del 16%) y no en inversión en las infraestructuras del servicio.

-          El “préstamo” del que se beneficia el ayuntamiento es a costa del usuario, ya que hemos de pagarlo a través de los recibos del mismo aunque no se usara el dinero para el servicio.

-          El préstamo tiene un interés fijo del 5% anual, lo que implican una media de casi 200.000€ al año, que también sufragamos los usuarios a través de los recibos (más de 1 millón € en intereses hasta 2015 incluido). Este tipo de interés resulta muy elevado (ya lo era cuando así se firmó).

-          La mayor desviación de los costes fijos respecto a las provisiones se ha dado en mantenimiento y conservación, y eso que parte del mantenimiento parece haberse realizado desde el Ayuntamiento.

-          Los gastos variables de la empresa  también superan con creces a los previstos (17% acumulado hasta el último ejercicio), aunque el número de abonados sea menor al previsto.

-          La devolución de los 4,16 Millones más los intereses son un enorme lastre para la empresa de Aguas (solo es beneficio para el socio privado que lo recibe), que lastra así sus resultados. Solo este aspecto en sí supera en cuantía los déficits acumulados por la empresa de aguas.

-          Los sobrecostes debidos a la gestión del socio privado de la empresa, han llevado a una fuerte desviación del gasto sobre sus propias previsiones (expuestas en su propuesta para acceder a la concesión). Solo en los últimos dos años han contenido el gasto. Estos sobrecostes han provocado también el déficit existente en la actualidad.

-          La población y el número de abonados (y por tanto el consumo) no ha crecido el 5,1% que previsto en la oferta del socio privado, como era de esperar. Al contrario, se ha producido un descenso del 2,78% (dato ultimo disponible 2015). Obviamente esto implica un menor ingreso de las facturas de los usuarios. La responsabilidad es exclusivamente de una errónea previsión por parte del socio privado (su “saber hacer”).

-          El rendimiento de la red (agua registrada en relación al agua captada) está por debajo del 65%, con lo que las pérdidas siguen siendo enormes. El socio privado se comprometió a un rendimiento para el 2015 del 75%. Ningún año ha conseguido cumplir el compromiso adquirido en su oferta. Obviamente este alto nivel de pérdidas ocasiona también un mayor coste del servicio, además de una preocupante realidad de cara a la sostenibilidad del abastecimiento en el futuro.

-          El socio privado se comprometió a un ritmo de renovación de contadores de forma que, cada 8 años fueran renovados todos. 6 de cada 10 contadores tienen más de 8 años en la actualidad. Es más, ni siquiera se cumple con el RD 120/1991 (reglamento suministro domiciliario agua Andalucía) en este tema de contadores.

-          Muchos consumos adscritos al Ayuntamiento no disponen de contador. La estimación por aforamiento que se ha de hacer, no se realiza de forma periódica y ni siquiera existe un protocolo aprobado de cómo deben realizarse esas estimaciones.

-          Los consumos adscritos al Ayuntamiento suponen más de ¼ del volumen de agua total captada en nuestro municipio. Para los usuarios supone un sobrecoste en sus facturas, ya que el Ayuntamiento no paga sus consumos.

-          El socio privado cargó como costes del servicio los sueldos del gerente, contrariamente a lo expuesto en el contrato firmado por las partes. Así mismo, cobra indebidamente un 4% de su “saber hacer” de las cantidades pagadas por los usuarios en concepto de Canon Autonómico.

-          La facturación que Aguas de Priego paga por diversos conceptos a las empresas asociadas (empresas del grupo del socio privado), se contabilizan sin especificar “concepto”. La empresa de Aguas debe ser transparente en los procesos de contratación de servicios y compra de suministros.

-          La transparencia en la gestión brilla por su ausencia. Los usuarios no tienen opción alguna a participar en la toma de decisiones a priori, según opciones que pudieran existir, contrariamente a lo que dicta la directiva europea del agua.

-          Todos podemos comprobar cómo, tras un arreglo de averías en la red en las calles, los acabados que se ponen no son acordes con los existentes, dejando “parches” de forma continua en aceras, estéticamente inadecuados.

-          Aguas de Priego asumió los consumos estimados de más por el Ayuntamiento antes de su entrada en funcionamiento, cargando como coste del servicio unos volúmenes de agua facturados de más a los usuarios.

-          El socio privado que gestiona la empresa es reticente a la ampliación del área de cobertura del servicio por los derechos que ello crearía a los usuarios.

-          Las inversiones en infraestructuras no se realizan de forma que el servicio sea más eficaz y eficiente, siendo el ayuntamiento el que asume parte de dichas inversiones.

-          Aun no se ha aclarado el sobre coste producido en actuaciones llevadas a cabo por la empresa de Aguas y que técnicos municipales detectaron en su momento.

-          Los daños causados sobre particulares que pudieran tener derecho a indemnización han sido estudiados por el socio privado previo informe del gerente, sin que el Ayuntamiento (socio mayoritario) tenga parte en estas cuestiones.

-          El socio privado recurre todas aquellas decisiones que puedan afectar negativamente a sus potenciales beneficios, llegando incluso al contencioso administrativo contra el Ayuntamiento exigiendo los beneficios previstos no obtenidos (aun habiendo errado en sus previsiones, pretenden obtener el beneficio esperado de una forma u otra sin riesgo y ventura por su parte).

 

Desde la ciudadanía se ha reclamado muchas veces la necesidad de cambiar el actual, fracasado y agresivo modelo de gestión. No solo la percepción de la gestión que tienen los usuarios es mala, sino que el modelo es gravoso para los vecinos de por sí:

1.- Carga 4,16 millones de deudas más sobre los usuarios.

2.- Carga 1 millón de € en intereses de esa deuda sobre los usuarios en los 5 primeros años.

3.- Supone a asunción del coste de los consumos municipales por parte de los usuarios (más del 25% del agua total captada y distribuida)

4.- Supone la asunción del coste del agua de las fuentes públicas (que no pueden ser facturadas según la normativa) como coste del servicio a pagar por los usuarios.

5.- Supone el pago del 10% de IVA sobre el alcantarillado y la depuración por los usuarios, por ser  gestión compartida con empresa privada. Si la gestión fuera 100% municipal, el alcantarillado y depuración estarían exentos de IVA.

6.- Supone una desinversión en las infraestructuras que conllevara unos costes a corto y medio plazo mayor a asumir por los usuarios.

7.- Supone unas pérdidas en red de más del 35% del agua distribuida, con el consiguiente sobrecoste y la puesta en peligro de la sostenibilidad del abastecimiento.

8.- Supone una absoluta opacidad en la gestión, contraria al principio de transparencia que ha de liderar la gestión de un servicio público, ya que la ley mercantil ampara al socio privado en el Consejo de administración y en toma de decisiones. Convierte un derecho público y Humano en una mercancía, en mercantilismo cuyo objetivo es el beneficio privado y no el bien social.

9.- Impide un estudio serio y pormenorizado de los costes del servicio ya que la contabilidad de la empresa mixta no tienen una estructura suficientemente detallada (agrupa partidas).

10.- Implica una pérdida de soberanía por parte del Ayuntamiento a la hora de tomar decisiones importantes para la sociedad en referencia al servicio básico y vital.

11.- supone un sobrecoste para los usuarios del 4%  del “saber hacer” del socio privado.

En la situación actual, los usuarios pagamos el servicio (sin sobrecostes, deuda, intereses y consumos municipales impagados por el Ayuntamiento, el servicio tendría enormes beneficios), pero consumimos solo el 37,5 del agua distribuida.

La defensa por tanto de una gestión pública municipal del 100% estámás que fundamentada. Si bien es verdad que todos los partidos políticos se han mostrado, antes o después, favorables a la remunicipalización del servicio, también es verdad que falta voluntad de ponerlo en práctica, ya que a las alturas que estamos, aun no se ha consensuado el modelo de empresa 100% municipal que se ha de poner en marcha, en su caso, ni con que objetivos, inversiones, personal, gestión, medios,……  La impresión general es que el tema del agua en Priego se ha convertido en el “cuento de la haba”, y que intereses ocultos frenan cualquier atisbo de acuerdo consensuado. Seguimos en la penumbra, en los oscuros entresijos de la política local, sin que se haya generado el sano debate político y social que este y otros temas necesitan.

Feliz día Mundial de los Derechos Humanos, aunque mejor denunciar que celebrar.

 

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