¿Rentabilidad política o social?

Ante la evidente alarma social y descontento generalizado de la población prieguense por el asunto de gestión del agua en nuestro municipio, la agrupación local del PSOE quiere manifestar su opinión ya que sería lamentable sumar nuevos errores a los ya cometidos en los últimos años.

 Es sabido que por acuerdo de Pleno, en sesión de 26 de marzo de 2010, se procedió a la aprobación del pliego de bases y condiciones jurídicas, económicas y administrativas para la selección por procedimiento abierto de un socio privado para la constitución de la Sociedad de Economía Mixta destinada a la gestión de los servicios municipales del ciclo integral del agua de Priego de Córdoba. Asi como que el 1 de septiembre de ese mismo año se formalizó el contrato con la empresa Aqualia Gestión Integral del agua S.A. Esto se realizó como es normal en democracia con votos a favor, en contra y no pocas abstenciones, pero desde el primer momento con la resistencia de la sociedad prieguense que no la aprobó y que siempre se ha manifestado en contra hasta llegar casi a la rebelión pacífica que se percibe hoy en este asunto.

Ahora se está planteando la posibilidad de revertir el acuerdo y volver la gestión del agua  a los servicios municipales disolviendo la sociedad mixta que se creó en su día. Esto, que a primera vista pudiera parecer la solución del problema puede ser el segundo gran error si se hace sin la cautela y prevención necesarias porque podría llevarnos a serios problemas económicos para el Ayuntamiento sin garantías de ningún beneficio para los consumidores. La primera decisión equivoca se tomó por razones económicas y esta se podría tomar por razones de oportunismo político. Y ya es momento de hacer las cosas de forma y manera que sea la ciudadanía quien salga beneficiada en sus facturas del agua y no el ayuntamiento ni ningún partido concreto.

Para ello proponemos un acuerdo de la Corporación municipal en su conjunto, sin colores ni banderas políticas, y que de ese acuerdo se derive la realización de un informe jurídico que avale la decisión que corresponda y otro informe económico solvente y fiable que aclare el importe real y las consecuencias económicas que podrían derivarse de las decisiones que se tomen. Con ambos informes y con el apoyo de la sociedad que debe conocerlos y manifestarse al respecto por las vías de participación ciudadana que se determinen, el Pleno en su conjunto deberá decidir y tomar las medidas necesarias para subsanar la actual situación que no satisface a nadie.

Se trata simplemente de admitir los errores, pedir perdón a los ciudadanos y tomar las medidas correctas para subsanarlos. Y desde luego buscar la rentabilidad social y el beneficio de la población sin pensar en ningún beneficio político que solo serviría para enredar más este asunto.