El Estado, para hacer frente al gasto público, articuló lo que se ha dado en llamar el Sistema Tributario Español, que se encuentra regulado por la Ley General Tributaria. Este Sistema establece tres categorías de tributos: las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos.
Las Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
Las Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
Los Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.
Existen dos características fundamentales que diferencia un impuesto de una tasa. En primer lugar, la obligatoriedad: mientas que las tasas no son obligatorias, sólo se pagan cuando se utiliza un servicio público, los impuestos, en principio, son obligatorios para todos los ciudadanos. En segundo lugar, cuando pagas una tasa a cambio recibes un servicio, existe una contraprestación. Con los impuestos no ocurre lo mismo. Por tanto, en los impuestos, no existe conexión alguna con actividades o servicios públicos.
Las tasas se rigen por lo que se ha dado en llamar el Principio de Economicidad, es decir, el ciudadano debe pagar al Estado el menor importe posible por el servicio que recibe de éste. La cuantificación de la tasa se debe corresponder exactamente con el coste del servicio soportado por el Estado, sin que en ningún caso pueda existir una plusvalía.
El suministro de agua es un servicio que el Estado presta al ciudadano a través de su ayuntamiento, que deberá establecer una Tasa para repercutir al ciudadano únicamente la parte proporcional del coste del servicio.
El problema hoy día es que, ante la ausencia de programas de gestión empresarial, los costes de los servicios son desorbitados para la prestación que recibe el ciudadano. Respecto de los ayuntamientos, de todos es sabido que la mayoría de los políticos acceden al cargo sin la más mínima formación y sin la más mínima experiencia en la gestión económica o empresarial, dando como resultado una administración ineficaz, burocratizada al máximo, donde se incrementan los costes hasta límites desorbitados. El político, para hacer frente a estos costes, utiliza la única arma que conoce: la subida de las tasas.
Paralelamente, el político, amparándose en unas supuestas ideas neoliberalizadoras, lo que trata es de suplir su falta de conocimiento acudiendo a la empresa privada para que le gestione los servicios públicos, rompiendo así el Principio de Economicidad, ya que al ciudadano, además del coste del servicio, se le va a repercutir el beneficio empresarial que el ente privado va apercibir por sus servicios.
Respecto del Ayuntamiento de Priego, es bien sabido que la mayoría de los representantes políticos habidos a lo largo de estos treinta años de democracia han provenido del desempleo o de las capas laborales peor retribuidas, atraídos por sustanciosos sueldos que en muchos casos se han perpetuado durante décadas. Ello ha provocado que se hayan adoptado decisiones inexplicables desde cualquier punto de vista político, con un coste económico inasumible por las arcas municipales.
La situación caótica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Priego, con más de veinte millones de déficit, casi el doble de su presupuesto, no es sino el resultado de años y años no sólo de mala gestión, sino de una forma de hacer política donde han primado más los intereses particulares de los gobernantes, más preocupados por su estabilidad laboral que por el interés general del municipio.
La privatización del servicio de aguas de Priego no es sino una más de las muchas barrabasadas políticas cometidas por sus dirigentes políticos a lo largo de los años. En este caso ni siquiera se puede alegar que se haya privatizado el servicio en defensa de teoría neoliberales; curiosamente han sido dos grupos políticos, PSOE e IU, los que han privatizado el servicio a pesar de que ideológicamente se encuentran en contra de estas mismas teorías.
Ante la imposibilidad de obtener más crédito de las entidades financieras, la privatización del servicio de agua se ha llevado a cabo con el único propósito de hacerse con un montante de cuatro millones de euros que han sido utilizados no para dotar o mejorar las infraestructuras hidráulicas del municipio, sino para atender gasto corriente a cambio de hipotecar un bien de primera necesidad durante casi treinta años.
Llama la atención el total obscurantismo practicado en este asunto tanto por el equipo de gobierno anterior como por el actual, negándose a facilitar cualquier tipo de documentación a pesar de su carácter público. ADARVE ha tenido que acudir al Registro Mercantil para obtener la documentación que le permitiera ofrecer a sus lectores una información veraz y contrastada de la privatización y posterior gestión del servicio de aguas, al haberle sido negada por parte del equipo de gobierno actual.
Todo comienza en el año 2010 cuando el equipo de gobierno encabezado por Encarnación Ortiz y Javier Tarrías (PSOE), con el apoyo incondicional de Juana Cobo (IU) deciden sacar a licitación la creación de una sociedad de economía mixta con forma de sociedad limitada para la gestión de los servicios municipales de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales, con un capital social de 500.000 euros. De dicho capital corresponde el 51% de las participaciones al Ayuntamiento, con un montante de 255.000 euros, y el 49% a la empresa adjudicataria, con un montante de 245.000 euros. La duración de la participación privada en esta sociedad sería por un plazo de 27 años.
Entre los derechos y obligaciones del posible adjudicatario cabe destacar un desembolso entre tres millones y medio y cuatro millones de euros, amortizables durante los 27 años de vigencia de la sociedad, al tipo de interés del 5% sobre el capital no amortizado y con cargo a las tarifas de los servicios prestados.
Concluida la licitación, en sesión plenaria del Ayuntamiento del 9 de agosto de 2010, se adoptó el acuerdo de la adjudicación definitiva a favor de AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA, empresa perteneciente al grupo FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.
El 23 de septiembre de 2010 se procedió ante notario a constituir la empresa mixta bajo la denominación de AGUAS DE PRIEGO SL.
En cumplimiento de los acuerdos y pliegos licitadores, AQUALIA deposita el capital social y entrega a Aguas de Priego SL los cuatro millones de euros en concepto de préstamo, reintegrable en el plazo de 27 años mediante amortización lineal y al 5% de interés fijo e invariable.
Dicho cuantía, a su vez, es entregada por Aguas de Priego al Ayuntamiento en concepto de canon demanial, debiéndose devolver con cargo a las tasas de suministro en el plazo de 27 años, dotándose anualmente la correspondiente amortización mediante sistema lineal.
Del Depósito de Cuentas realizado por Aguas de Priego SL en el Registro Mercantil de Córdoba así como del Informe de Gestión, ambos referidos a 31 de diciembre de 2011, interesa destacar las siguientes partidas:
El volumen de negocio o de facturación alcanzado por Aguas de Priego SL ha ascendido a la cantidad de 1.311.922 euros. Referente a los gastos, caben destacar los ocasionados por Operaciones con partes vinculadas, es decir, las transacciones realizadas a favor de Aqualia, que se resumen en las siguientes partidas: Por prestación de servicios 123.377 euros. Por aprovisionamientos 25.652. Por recepción de servicios (que incluyen el Know How y el coste del gerente) 109.557. Por intereses del préstamo 210.959 euros. Es decir, Aqualia como socio privado de Aguas de Priego, ha percibido por todos los conceptos en el ejercicio de 2011 la cantidad de 469.545 euros, lo que supone el 36% del volumen total de facturación.
Otra partida importante a resaltar es la del personal de Aguas de Priego. Por imperativo del pliego de licitación, corresponde a Aguas de Priego la contratación del personal necesario para la prestación del servicio. En el ejercicio de 2011 han prestado servicios en esta empresa un total de 16 personas, con un coste global de 370.744,13 euros. Esto ha ocasionado que todo el personal del Ayuntamiento destinado con anterioridad en el servicio de aguas haya tenido que ser reclasificado y adscrito a otras áreas del Ayuntamiento, incrementándose los costes de estas áreas con el coste de dicho personal.
La cuenta de resultados de Aguas de Priego en el ejercicio de 2011 arroja pérdidas por importe de 189.938,25 euros. Si en futuros ejercicios no se reducen de alguna manera los costes, al Ayuntamiento no le quedará más remedio que subir las tarifas para que esta empresa mixta sea viable.
En el Informe de Gestión se hace constar también el suministro que Aguas de Priego realiza al propio Ayuntamiento por el consumo de edificios, instalaciones municipales, fuentes ornamentales, superficies ajardinadas, etc. Dicho consumo, ascendente en 2011 a 224.921 m3, ha estado exento de pago durante los ejercicios 2010 y 2011. Actualmente se está pendiente de cerrar un convenio entre el propio Ayuntamiento y Aguas de Priego para que sea facturado todo el consumo municipal habido desde el comienzo de la gestión por Aguas de Priego, lo que se traduce en que el Ayuntamiento deberá abonar anualmente a Aguas de Priego la cantidad de unos 100.000 euros, teniendo en cuenta que el precio de m3 está en 0,43 euros.
La privatización del servicio de aguas es ya un hecho irrefutable sin posibilidad de marcha atrás. Al ciudadano sólo le queda esperar cómo esta privatización va a repercutir en su economía a lo largo de los próximos 25 años.
Se comenta igualmente la idea de privatizar otros servicios municipales, como el de la gestión de residuos sólidos o el de cementerio. Esperemos que, llegado el caso, y al contrario de lo que ha ocurrido con el servicio de aguas, no se adopten decisiones en contra del sentir mayoritario del municipio.
Compártelo Volver