Al borde de la desesperación por la dilación en el tiempo del llamado «Caso Almazaras», en pocos días han llegado hasta Almazeite (Asociación de Afectados por el supuesto fraude), actuaciones judiciales que son indicativas de que algo se mueve con el objetivo de ir finalizando este caso próximo a cumplir ya, en julio, los siete años desde que se puso la primera querella. Dicha asociación ha recibido información judicial de dos actuaciones que —todo apunta— a que el caso tendrá una sentencia y un final en breve tiempo.
La primera información recibida, es sin lugar a dudas la más satisfactoria para Almazeite. En un extenso auto de 15 de mayo, el juzgado dicta orden de procesamiento en las diligencias y acuerda dirigir el procedimiento contra el exgerente de Almazaras de Priego, P.Q.C.; el exsecretario N.R.J.; el presidente F.J.V.; el tesorero A.P.T.; los interventores A.G.P. y M.M.S.; el corredor de aceites B.R.M.; el responsable de la empresa Jaraoliva J.P.P. y el ex director de la Caja Rural en Fuente Tojar, F.M.M.A.
A todos se les imputa la comisión de un delito societario. Sin lugar a dudas, desde la asociación Almazeite se valora muy positivamente el auto judicial, pues —según éstos— viene a confirmar la idea que siempre ha mantenido Almazeite sobre la presunta culpabilidad por acción u omisión de todos los imputados destacando la importancia de la imputación que se le realiza al exdirector de Caja Rural por el papel determinante que supuestamente pudo tener en la presunta estafa.
La segunda gran noticia para los afectados ha sido la que han recibido desde la Sección número 1 de la Audiencia Provincial de Córdoba, mediante la cual se resuelve y se le da traslado de la estimación o desestimación de las pruebas que la Fiscalía,la acusación y la defensa propusieron en su día para la vista oral de la querella número 2, contra la empresa Oligra, del Caso Almazaras.
En esta querella se investiga el cobro fraudulento de unos 600.000 euros que presuntamente pudo realizar la empresa Oligra de Granada a Almazaras de Priego mediante supuestos contratos de compraventa de aceite ficticios. Supuestamente, los 600.000 euros expuestos procedían del beneficio que Almazaras pudo tener por la operación de compraventa de 9.000.000 de kilos de aceite.
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