Priego de Córdoba, Alcalá la Real y Loja se unen para exigir un modelo de financiación justo para municipios con población diseminada

Los Ayuntamientos de Priego de Córdoba (Córdoba), Alcalá la Real (Jaén) y Loja (Granada) han constituido un frente común para exigir una revisión urgente del modelo de financiación local. Representantes de los tres municipios mantuvieron este miércoles un encuentro de trabajo con la secretaria general de Reto Demográfico y Equilibrio Territorial de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos, a quien trasladaron la asfixia presupuestaria que padecen debido a una paradoja legal y demográfica: superan formalmente el umbral de los 20.000 habitantes, pero lo hacen únicamente por el peso de sus núcleos diseminados, mientras que sus cascos urbanos principales no alcanzan dicha cifra.

Esta singularidad geográfica los sitúa en una encrucijada normativa. De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), rebasar la barrera de los 20.000 empadronados obliga a las corporaciones a asumir de forma directa la gestión y financiación de servicios obligatorios como la extinción de incendios, la protección civil o las instalaciones deportivas. Al mismo tiempo, la norma retira a las diputaciones provinciales la obligación de prestar auxilio técnico y económico directo, un mecanismo ideado para auxiliar a los pueblos de menor tamaño.

La brecha de la dispersión

Según las cifras del Padrón Municipal (INE a enero de 2026), Priego de Córdoba contabiliza 21.851 habitantes (3.733 de ellos repartidos en aldeas); Alcalá la Real alcanza los 21.577 vecinos (4.034 en el medio rural); y Loja suma 20.846 empadronados, de los cuales solo 14.352 residen en el centro urbano.

Los tres regidores denuncian que mantener redes de infraestructuras, equipamientos públicos y servicios esenciales en decenas de pedanías distantes dispara el coste por habitante sin que las transferencias del Estado o la Comunidad Autónoma compensen la dispersión territorial.

Marino Aguilera señaló que "El sistema normativo actual nos penaliza doblemente: nos priva de los planes provinciales para pequeños municipios y nos exige estándares de gran ciudad"

Por su parte el alcalde de Priego Juan Ramón Valdivia señaló que "nos encontramos en una situación donde el coste de los servicios básicos en los pequeños núcleos provoca un estancamiento frente a la despoblación".

Como ejemplo del impacto económico, Valdivia señaló que la aportación obligatoria de su municipio al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios ascenderá a 2,15 millones de euros en el presente mandato (2023-2027), un desembolso que absorbe prácticamente la totalidad de las inversiones que la Diputación cordobesa destina a la localidad mediante programas ordinarios.

En la misma línea, el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera, sostiene que la legislación vigente "penaliza doblemente" a comarcas como la Sierra Sur jiennense: "Nos priva del respaldo de los planes provinciales destinados a pequeños municipios, pero nos exige prestar servicios con estándares de gran ciudad en una red de diseminados muy amplia". Aguilera reclama que los criterios distributivos autonómicos y estatales reconozcan el coste real de prestar servicios en la ruralidad dispersa y permitan a estas ciudades acceder a las convocatorias específicas de Reto Demográfico.

Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, incide en que la falta de recursos pone en riesgo el equilibrio socioeconómico del Poniente Granadino. "Garantizar la igualdad de oportunidades en nuestras pedanías es crucial para frenar la sangría demográfica. Es urgente adecuar los criterios distributivos a la dispersión real para no dejar atrás a los vecinos", subraya.

Ofensiva ante la FAMP y la FEMP

Durante la reunión, los alcaldes solicitaron a la Junta de Andalucía que abandere la creación de un mecanismo de aportación extraordinaria que amortigüe el sobrecoste de los servicios en los núcleos dispersos e impida que se agrande la brecha territorial entre municipios.

Los primeros ediles confirmaron que trasladarán esta propuesta a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para promover las reformas legislativas correspondientes en el ámbito estatal.