La secretaria general para la Atención a la Dependencia, Purificación Causapié, y la delegada para la Igualdad y Bienestar Social en Córdoba, Silvia Cañero, se han reunido esta mañana en Priego de Córdoba con los concejales de Servicios Sociales de Baena, Cabra, Córdoba, Lucena, Puente Genil, Palma del Río, Priego de Córdoba y la diputada provincial de Servicios Sociales, Reyes Lopera.
En dicha reunión se ha analizado el nivel de aplicación en la provincia de Córdoba de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que, según Causapié, “es muy positivo” ya que más de 14.000 personas están siendo atendidas una vez han sido declaradas grandes dependientes o dependientes severos. De los casos atendidos, 508 son habitantes de Priego de Córdoba, donde reciben prestación un 78,4% de las personas con derecho a ello.
La secretaria general ha destacado además la estrecha colaboración y la implicación que mantiene la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Córdoba con todas las instituciones implicadas en la puesta en marcha del Sistema de Atención a la Dependencia. Para Causapié, los Servicios Sociales están desempeñando un papel “fundamental”, ya que son “la puerta de entrada al sistema donde los usuarios reciben toda la información necesaria y el lugar donde se mantiene el contacto directo con las personas dependientes y sus familiares”.
De ahí que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social refuerce desde la puesta en marcha de la Ley el trabajo de los Servicios Sociales Comunitarios con la contratación en la provincia de Córdoba de 58 trabajadores, 29 trabajadores sociales y 29 administrativos, en la que durante 2.009 se invertirán 2,12 millones de euros. De estos profesionales, 18 trabajan en el Ayuntamiento de Córdoba, 26 para el Instituto Provincial de Bienestar Social, y 2 en cada uno de los municipios que cuentan con más de 20.000 habitantes.
Por último, en la reunión se ha informado del Plan de Formación para los cuidadores informales que va a poner en marcha la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, así como las mejoras en la calidad de los servicios que se están aplicando de acuerdo con los sindicatos.
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